Reforma laboral:  Empresarios mayoristas apoyaron el proyecto y pidieron no ceder ante las presiones 

La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) expresó en el Senado de la Nación el apoyo a reforma laboral que impulsa el gobierno nacional, por considerarla una herramienta clave para modernizar las relaciones laborales, promover el empleo formal y mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas.

3 de Febrero de 2026

Una comitiva de CADAM, encabezada por el vicepresidente, Armando Farina, junto a un equipo de asesores legales,  mantuvieron ayer una reunión con los equipos técnicos que trabajan en la redacción de la reforma en el Senado de la Nación, donde se intercambiaron aportes y observaciones sobre distintos ejes centrales del proyecto.

A tal efecto, CADAM respaldó especialmente:

-La implementación del banco de horas, como mecanismo de flexibilidad acordado entre las partes.

-La posibilidad de convenios adaptados a la realidad de las PyMES.

- La habilitación a las billeteras virtuales a acreditar haberes.

-El carácter voluntario de los aportes a cámaras empresariales y pidió se extienda también a las sindicales.

Además, los empresarios expusieron la necesidad de terminar con aportes solidarios y contribuciones que encarecen -innecesariamente- el costo laboral, como el aporte solidario por COVID-19 a la obra social Osecac, esté o no afiliado el trabajador y el seguro de retiro La Estrella.

Aportes obligatorios a cámaras empresarias

En relación con el artículo 128, que establece el carácter voluntario de los aportes a cámaras empresarias y que generó una fuerte controversia con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC), CADAM fue contundente: “Las paritarias se han transformado en una mesa de amigos”, afirmó Armando Farina, vicepresidente de CADAM, opinión que es compartida por otras cámaras.

Y es que ambas entidades, que participan de la mesa paritaria, son a su vez beneficiarias directas de estos aportes, lo que configura un evidente conflicto de intereses.

El caso más paradigmático es el aporte obligatorio por cada empleado de comercio al Instituto Argentino de Capacitación Profesional (INACAP), que obliga al empleador a aportar el equivalente al 0,5% del salario de la categoría Maestranza A. 

Dichos fondos se redistribuyen en gran parte entre la CAC y la CAME bajo el argumento de capacitación y fortalecimiento institucional. Esto implica que con cada aumento salarial paritario, estas entidades se “autobenefician” con una mayor recaudación, siendo al mismo tiempo actores centrales de la negociación.

Por este motivo, CADAM respaldó la medida impulsada por el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a través del Decreto 149/2025, que estableció el carácter voluntario de estos aportes.

Sin embargo, mediante una medida cautelar promovida por el propio INACAP, se dejó sin efecto el decreto argumentando que se trata de un instituto “independiente”. En el marco de esa causa judicial, el INACAP reconoció que recauda más de $30.000 millones anuales, sin detallar cuánto se destina efectivamente a capacitación, cuánto al sostenimiento de cámaras empresarias o  con fines políticos, viáticos o viajes de dirigentes empresarios.

Por eso, numerosas entidades empresarias vienen exponiendo desde el año pasado sus quejas ante el Congreso de la Nación. Entre ellas, dirigentes de la Confederación Federal PyME de la República Argentina, la Unión de Kiosqueros de la República Argentina, el Centro Comercial de Victoria (Entre Ríos), la Federación Económica de Mendoza y la Cámara de Perfumerías de Argentina, entre otras, que cuestionaron severamente la administración y el destino de estos recursos.

Cabe destacar que entre los más de 1500 convenios colectivos aparecen "costos ocultos", como aportes extras por capacitaciones, que es el ejemplo de los más cuestionados. Sectores industriales como la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) y la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica (CAMIMA) también padecen esquemas similares de aportes  para capacitación y apoyaron ante el Congreso el proyecto del Poder Ejecutivo para que sean voluntarios.

"Desde CADAM reafirmamos que la libertad de asociación, la transparencia y la representatividad genuina son pilares indispensables", sostuvo Farina y agregó: "La reforma laboral avanza en esa dirección y termina con mecanismos compulsivos que solo encarecen el empleo y desalientan la inversión, especialmente en las PyMES, que son el principal motor del trabajo formal en la Argentina".