"No nos sentimos representados, nos pasan la cuenta de una mesa de la que no formamos parte", respondieron desde CADAM al nuevo acuerdo -que alcanza a 1,2 millones de trabajadores y es el más grande del país- porque no sólo mantiene cargos distorsivos sino que encima los incrementa, como es el caso de la Contribución Solidaria por COVID-19, un aporte que nació durante la pandemia y que insólitamente no sólo continúa vigente, sino que ahora se eleva de $5.500 a $8.500 por empleado, aún cuando el trabajador no esté afiliado a la obra social OSECAC (si se multiplica por 1.2 millones de trabajadores, recaudarían por este aporte extra $10.200.000.000 por mes).

A esto se suma la continuidad del Seguro Complementario de Retiro La Estrella, obligatorio desde 1993, que representa un 2,5% del salario y no permite la libre elección por parte del empleador o el trabajador. Del total del aporte, sólo la mitad se destina a una cuenta individual del trabajador, mientras que la otra mitad se desvía al financiamiento de un sistema solidario al que muchos nunca acceden. “Llevamos 33 años pagando este seguro, y está claro que el principal beneficiado no es el trabajador”, señalaron desde CADAM.

Y es que para poder acceder al beneficio, el empleado debe tener al menos 20 años de aporte al seguro. “Muchos trabajadores se pasan a otro rubro y nunca llegan a obtener el beneficio, mientras que los que piden el rescate de fondos -porque fueron despedidos- sólo reciben el 50% de lo depositado, porque la otra mitad queda solidariamente para el sistema”, describieron indignados desde CADAM.

Y por si fuera poco, sigue la polémica por el aporte al Instituto Argentino de Capacitación Profesional (INACAP), equivalente al 0,5% del salario, incluso cuando el trabajador no reciba ninguna capacitación. Con esta partitaria también se incrementa, y según el acuerdo dispuesto el 5 de abril de 2024 (que este nuevo acuerdo ratifica), se extiende también el cómputo del aporte a los aumentos no remunerativos.

Por ello, solicitamos con urgencia a la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados de la Nación que avance con el dictamen pendiente para transparentar estos costos, y evitar que se perpetúen en futuros acuerdos salariales.

A todo esto se suma el aporte sindical del 0,5%, que se descuenta esté o no afiliado el empleado, al que se añaden aportes extras según jurisdicción, en un claro esquema compulsivo.

Estas cargas forman parte del "costo argentino" y se trasladan inevitablemente a precios, afectando la competitividad y al consumidor final.