MAYORISTAS PIDIERON EN EL CONGRESO DE LA NACIÓN LA QUITA DE “COSTOS OCULTOS” DENTRO DE LAS PARITARIAS

Durante la reunión en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, empresarios mayoristas reclamaron la eliminación de una serie de cargas laborales que, según denuncian, encarecen el empleo formal sin beneficiar directamente al trabajador. Desde la contribución solidaria por COVID-19 a la obra social que se sigue cobrando hasta hoy, el aporte obligatorio por capacitación al fondo del INACAP -aunque el empleado no se capacite- hasta el seguro forzoso complementario de retiro, los empresarios mayoristas expresaron el hartazgo. “¡No puede ser que ningún político lo haya visto y no lo haya derogado!”, exclamaron los empresarios indignados.

En la reunión de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, los empresarios advirtieron que, entre las cargas laborales, se incluyen beneficios directos para gremios empresarios y “cajas” inexplicables “sin justificación clara”, que se siguen cobrando incluso cuando ya no tienen razón de ser. Entre ellos, mencionaron:

1. Contribución Solidaria por COVID-19 a la obra social OSECAC, vigente desde la pandemia que se sigue cobrando hasta hoy, con un valor de $5.500 por empleado, incluso si el trabajador no está afiliado a esa obra social.

2. Aporte obligatorio al Instituto Argentino de Capacitación Profesional (INACAP) de $ 4.725,02, aunque el empleado no reciba capacitación. “Hablan de capacitación y resulta que escucho acá que es para fondo de sostenimiento de cámaras, entonces ¿qué es? ¿es capacitación o es para sostener a cámaras? si es para sostener a cámaras, saquemos una ley que sea para sostener y aportar a las cámaras, no le digamos a la gente que es para capacitación y no sabemos cómo se justifican esos fondos y no dan respuestas en que se gastan”, expuso Farina y agregó: “Los que estamos con las pymes, los que estamos con los trabajadores todos los días y los que venimos del corazón del conurbano, no venimos porque tenemos un problema con los sindicatos, nadie está en contra del convenio colectivo de trabajo, nadie está en contra de una capacitación, lo que estamos en contra es de la falta de transparencia, hablamos el tema de cámaras del INACAP, no es un tema sindical es un tema empresario”.

3. Seguro complementario de retiro obligatorio, que representa un 2,5% del salario, sin posibilidad de elección por parte del trabajador ni del empleador.  El 50% del aporte neto se destina a una cuenta individual a nombre del empleado y el otro 50% restante se utiliza para financiar el sistema. “No puedo creer que desde el ‘93 hasta acá nadie lo haya visto, que tenga que venir una pyme del oeste del conurbano a plantearle el problema a la Cámara de Diputados. La verdad que me voy muy desilusionado, dejé mi vida trabajando en la Argentina, y me voy muy desilusionado porque si realmente pasaron 30 años y tengo que venir yo a mostrarles esto, pasaron 30 años señores, no puede ser que nadie lo haya visto”, exclamó Farina indignado ante los diputados.

“Estamos pidiendo que todos estos aportes pasen a formar parte del salario base, y que sea el trabajador quien decida qué hacer con ese dinero”, ratificó el empresario mayorista. Según el informe realizado por CADAM, de $1.241.189 que aporta el empleador, termina en manos del trabajador sólo $457.312 descontando aportes e impuestos, es decir 36.84% del salario aportado por el empleador.

Finalmente, los mayoristas manifestaron su apoyo al proyecto de la diputada Marcela Pagano, que propone que estas contribuciones sean voluntarias. Señalan que su obligatoriedad afecta negativamente tanto a empleadores como a consumidores, al aumentar innecesariamente los costos laborales, reducir el poder adquisitivo del salario del trabajador y aumentando los precios al consumidor. “Estamos a favor del proyecto de la diputada Pagano que busca que sean contribuciones voluntarias. Si bien pueden ser en un caso $5500 por empleado o 4000 y pico, estos montos los empresarios, ya sea industria, del mayorista o comercio minorista, terminan en el precio e influye en el menor poder de compra del consumidor final, o sea es negativo para todos los eslabones”, concluyó Nicolás Vaccaneo.